Nuevo revés judicial para Juan Carlos Peinado, el magistrado más polémico de la judicatura española. La Audiencia Provincial de Madrid ha asestado un duro golpe al juez al anular dos de sus decisiones clave y poner en duda la legitimidad de su intento de abrir una investigación paralela por malversación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El fallo, que marca un nuevo y contundente giro en el llamado caso Begoña Gómez, desautoriza la maniobra del magistrado, que pretendía fragmentar la causa y abrir un segundo procedimiento centrado en supuestos indicios de malversación de fondos públicos. La Audiencia ha sido clara: no existen fundamentos jurídicos sólidos que justifiquen esa separación ni los movimientos procesales posteriores impulsados por Peinado.
En su resolución, los magistrados critican de manera implícita el proceder del juez instructor, advirtiendo que “no puede construirse una causa sobre conjeturas o duplicidades judiciales que carecen de base fáctica suficiente”.
Una frase que, según fuentes jurídicas, supone una reprimenda directa a la forma en la que Peinado ha venido conduciendo el proceso.
La decisión deja en entredicho una de las estrategias que el juez mantenía desde hace meses: mantener viva la instrucción mediante la creación de nuevas líneas de investigación. Con esta resolución, la Audiencia Provincial pone límites claros a su actuación y frena lo que algunos juristas ya calificaban como un intento de “expansión judicial sin control”.
El golpe llega en un momento especialmente delicado para Peinado, que acumula críticas no solo por su actuación en este caso, sino también por sus polémicos interrogatorios y su reciente exposición pública tras las denuncias de comportamiento inapropiado como docente universitario. En los círculos judiciales, crece la sensación de que el juez se encuentra aislado y bajo un escrutinio sin precedentes.
“Esta decisión no es solo un varapalo técnico, es un aviso político y judicial: la Audiencia ha dicho basta”, señalan fuentes próximas al caso.
La resolución judicial también supone un alivio para la defensa de Begoña Gómez, que llevaba meses denunciando un “uso político del procedimiento” y alertando sobre lo que consideraba una “investigación prospectiva” sin base real. Con este fallo, el tribunal desactiva temporalmente el intento de ampliar el cerco penal en torno a la esposa del presidente.
Desde Moncloa, la reacción fue inmediata pero prudente. Fuentes del Gobierno celebraron la decisión como “una prueba de que la justicia todavía es capaz de corregir los excesos”, aunque evitaron hacer valoraciones directas sobre el juez Peinado. En cambio, desde Génova y el entorno del PP, se pidió “respeto a los tribunales” y se insistió en que el caso “aún no está cerrado”.
Sin embargo, para muchos observadores, el golpe es devastador: Peinado pierde poder dentro de la instrucción y su credibilidad sufre otro serio desgaste. La Audiencia, con este fallo, marca el terreno y lanza un mensaje inequívoco: el caso Begoña Gómez no puede seguir construyéndose sobre maniobras procesales dudosas ni sobre la ambigüedad política.
El magistrado, hasta ahora protagonista absoluto de una de las investigaciones más mediáticas del país, ve cómo su propio expediente se tambalea.
Y en los pasillos judiciales de Madrid, la pregunta ya resuena con fuerza:
¿Será este el principio del fin para el juez que quiso sentar a Begoña Gómez en el banquillo?
